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El marco regulatorio que rodea al sector financiero ha evolucionado de manera notable desde el inicio de la crisis financiera de 2008, con un incremento más que exponencial del número de requerimientos a los que tienen que hacer frente las entidades de crédito, que se ha traducido en mayores niveles de capital y liquidez.
Gracias al empeño de las autoridades en el diseño de este conjunto de normas y al esfuerzo para implementarlo que han hecho los bancos a escala mundial, y los españoles en particular, estos últimos se encuentran en una posición sólida para afrontar los efectos que la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 pudiera tener en sus balances.
El gobierno de los bancos es uno de los aspectos que más ha evolucionado en la última década. Durante estos años, se han implementado marcos de gobierno corporativo robustos que incluyen políticas de concesión de créditos adecuadas y sistemas de seguimiento y control de riesgos rigurosos que permiten anticipar situaciones de estrés. También se han establecido esquemas de remuneración para alinear los intereses de los accionistas con los de los directivos. Asimismo, se han desarrollado estructuras societarias transparentes y simples, y se han diseñado estructuras organizativas que descansan en una adecuada definición de roles y responsabilidades que permiten minimizar potenciales conflictos de interés dentro de las entidades. Finalmente, los bancos han invertido en sistemas que permiten gestionar las necesidades de información de diferentes interlocutores, desde la alta dirección hasta los inversores o, sobre todo, los supervisores.
En los últimos años, el análisis del gobierno corporativo ha ocupado un lugar preferente entre las prioridades publicadas por los supervisores, por el Banco Central Europeo (BCE) en el caso de las entidades significativas, dando lugar a algunas recomendaciones que los bancos han implementado a medida que les han sido comunicadas.
Desde el 12 de marzo todas las autoridades supervisoras y regulatorias han venido publicando, casi sin excepción, su intención, por un lado, de flexibilizar la interpretación de algunas normas para garantizar el flujo del crédito a familias y empresas y, por otro, de relajar la intensidad supervisora con el fin de que las entidades puedan concentrar sus recursos en la gestión de la situación excepcional que vivimos.
Respecto a los trabajos de supervisión, si bien es cierto que se han pospuesto algunas iniciativas no esenciales, como recomendaba la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) en su comunicado del 12 de marzo, los bancos han notado un incremento muy significativo de la intensidad de los requerimientos de información de los supervisores, tanto en términos de volumen como de plazos. Estos son tan perentorios que, en ocasiones, entran en conflicto con la calidad del contenido.
Las autoridades supervisoras necesitan información procedente de los bancos para un adecuado ejercicio de sus funciones de control. Estas necesidades de información, por regla general, deberían están inversamente relacionadas con el grado de sofisticación del marco de gobierno corporativo. De esta manera, cabría esperar que industrias con gobiernos corporativos robustos sujetos a una supervisión continua y exhaustiva, como la bancaria, requerirían de una supervisión menos intensiva en datos y más centrada en el análisis de políticas.
Aunque el origen de la crisis sanitaria a la que tendrán que hacer frente los bancos en el futuro no tiene precedentes, los canales a través de los cuales se materializarán los potenciales quebrantos serán los tradicionales, el riesgo de crédito y el riesgo de liquidez, principalmente.
En este sentido, no hay que olvidar la notable mejora que se ha producido en los últimos años en los marcos de gobierno corporativo de los bancos y en su capacidad de gestionar estos riesgos; mejoras que permiten al supervisor ampliar el margen de confianza en la forma en que las entidades están afrontando la crisis del coronavirus
La industria bancaria es consciente de la necesidad del supervisor de monitorizar la evolución de las entidades en una situación de estrés, pero es preciso encontrar un punto de equilibrio para armonizar los esfuerzos supervisores y de gestión. Un exceso de requerimientos supervisores no conduce, necesariamente, ni a una mejor supervisión, ni a una mayor capacidad de las entidades para gestionar los riesgos, que es lo que más nos interesa ahora.
Solo una actuación coordinada entre el supervisor y el supervisado hará posible que los esfuerzos conjuntos proporcionen un resultado que mejore la suma de las partes y evite fricciones que distraen recursos tan necesarios en estos momentos para superar los grandes retos que encaramos en el futuro inmediato. El esfuerzo ya realizado por los bancos para reforzar su buen gobierno es una piedra angular sobre la que construir un marco de confianza y buenas prácticas en lo que a supervisión se refiere en esta etapa tan complicada que atravesamos.
Pedro Cadarso Palomeque, asesor de la Asociación Española de Banca