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Prólogo de José María Roldán al libro ‘La sostenibilidad y el nuevo marco regulatorio e institucional de las finanzas sostenibles’

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Tengo que agradecer a Arturo Zamarriego y a José María López que me hayan ofrecido la oportunidad de escribir una pequeña introducción a este libro colectivo sobre ‘La sostenibilidad y el nuevo marco institucional y regulatorio de las finanzas sostenibles’. En los últimos seis años he reflexionado con cierta frecuencia sobre estos asuntos, pero nunca está de más volver a hacerlo, pues con ello podemos estar al tanto de las novedades en este campo tan apasionante como cambiante.

Además, el momento para hacer esta reflexión no puede ser más oportuno, convencidos como estamos todos de que el mundo post Covid va a ser más verde y sostenible, y esperemos que también más justo e inclusivo, de lo que era hasta ahora. Y añadiría una tercera razón para prologar este libro, que constituye un buen intento de poner algo de orden en todo este mundo que, de repente, se ha vuelto muy complejo, por lo que todo aquello que arroje luz y claridad es muy de agradecer y nos ayudará a ir aterrizando temas. Algo, por otro lado, que las empresas en general, incluidos por supuesto nuestros bancos, están reclamando con urgencia.

Como presidente de la Asociación Española de Banca, lo primero que quiero destacar es el profundo compromiso de los bancos españoles con la sostenibilidad. En particular, nuestras grandes entidades son abanderadas en España de esta transición hacia una economía más sostenible y justa, en la que llevan años trabajando y que, de alguna forma, culminó con la firma, en el marco de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP 25) celebrada en Madrid en diciembre de 2019, de un compromiso conjunto para proceder en un plazo concreto a reducir la huella de carbono en sus carteras de crédito, de una forma susceptible de ser medida con criterios homologados internacionalmente y en línea con los objetivos del Acuerdo de París. De esta forma, nuestras entidades se alinearon con el “Compromiso Colectivo de Acción Climática” impulsado por UNEP FI.

Este acuerdo, del que la AEB formó parte importante, podría parecer un “hito” más de los muchos que jalonan esta carrera, pero en absoluto ha sido así. De hecho, la firma de este compromiso ha marcado el pistoletazo de salida para trabajar de forma conjunta con las autoridades en un marco que permita medir el riesgo climático —riesgos físicos y de transición— en el que incurren los balances y, en consecuencia, los clientes de los bancos. Establecer estándares homogéneos aceptados por todos es una pieza clave para que las entidades bancarias puedan cumplir con una de las exigencias que se les demanda en todo este proceso. Esto es, apoyar y acompañar a sus clientes en su transición hacia modelos de negocio sostenibles, actuando como palanca que potencie dichos comportamientos o actuaciones.

Nuestros bancos, nuestras empresas se están marcando objetivos y plazos muy exigentes en el terreno de la economía sostenible que ha emergido como el principal reto para el desarrollo mundial a largo plazo, tratando de lograr, de manera equilibrada, el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. Sería muy prolijo enumerar todos esos proyectos, avances y objetivos que se han propuesto nuestras entidades, y probablemente dejaría muchos fuera, pero lo que parece ya un clamor en todo el sector bancario, y entiendo que empresarial, es la petición de que los gobiernos tomen las riendas de todo este asunto y, de forma coordinada, empiecen a unificar criterios, estándares, normas y líneas de actuación para hacer toda esta transición más rápida, sencilla y con menos costes asociados. La llamada taxonomía verde de la UE es un primer paso de las autoridades, pero aun siendo muy relevante el avance, no puede ser el último. Porque la falta de definición impide avanzar con más seguridad y certeza en este complejo cambio de modelo económico. Si no, corremos el riesgo de que la avalancha de iniciativas e instituciones, estándares, índices, modelos de reportings, auditorías…en fin, una selva de siglas, casi imposible de desbrozar y digerir, lejos de llevarnos a la certeza y el progreso, nos lleven a la confusión y al estancamiento. Al igual que la orquesta necesita al director para tocar con armonía, el sector público, nacional y supranacional, debe ejercer un papel clarificador. Sin reglas comunes y claras no se podrá avanzar. Y nuestros empresarios están dispuestos a tirar para adelante, no sólo porque están convencidos de la probidad de lo sostenible, sino porque son conscientes de que este tsunami, del que habla el CEO de BlackRock, Larry Fink, supondrá una gigantesca redistribución del capital, es imparable y se llevará por delante a quien no se haya incorporado a él o no esté preparado para hacerlo.

Por tanto, es necesario ir “aterrizando” los aspectos más urgentes para las empresas y los mercados de esta transición a lo sostenible. Para empezar, es preciso llegar a estándares y definiciones armonizados a escala internacional en lo que se refiere a los índices, a la taxonomía verde —más adelante también habrá que hacerlo en la taxonomía social— y en particular en todo lo relacionado con el suministro de información. Este es un aspecto clave en el nuevo mundo sostenible. Necesitamos información accesible, transparente, suficiente y comparable, sin la cual será muy complicado, si no imposible, asignar de forma eficiente los recursos necesarios para invertir en esta transformación.

La urgencia de la tarea no implica regular de forma acelerada y poco meditada. En realidad, con esta regulación nos jugamos mucho. Nos jugamos que esta transición hacia una economía baja en carbono y más justa e inclusiva se quede en un mero intento o que, por el contrario, represente un cambio real que mejore a largo plazo la vida de las personas y permita la conservación de los recursos naturales del planeta. En consecuencia, es necesario regular bien y evitar algunos de los errores en los que se incurrió en el tsunami regulatorio de la industria financiera. Esta reciente experiencia nos tiene que servir para no cometer los mismos fallos. Buena regulación no quiere decir mucha y compleja regulación, pues en la práctica se vuelve imposible de aplicar y supervisar. Pocas normas, claras, sencillas, de ámbito internacional, con las que se evite una excesiva fragmentación, y huir de desarrollos excesivos para no ahogar la innovación y la iniciativa privada.

No es fácil, desde luego, este proceso de aprendizaje. Precisamente por su novedad, la construcción de este marco normativo requiere que empresas, autoridades, mercados, consumidores y todos los sectores y jurisdicciones implicados vayamos de la mano y aprendamos unos de otros. Y esto es tanto más importante en cuanto los cambios de la regulación y la supervisión están tomando una gran velocidad en algunos aspectos y de que algunas exigencias, hasta ahora voluntarias, están pasando a ser obligatorias. La futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuyo proyecto de Ley está en trámite parlamentario, puede ser una magnífica ocasión para dotar de ejemplaridad a este proceso regulador.

Por otro lado, es necesario que la regulación incentive no solo al sector financiero, cuya importancia en este proceso con ser grande no deja de ser instrumental, sino al sector productivo, donde se tienen que producir realmente los cambios. Será, además, conveniente poner el foco en aquellas partes más débiles del sistema productivo, como las industrias más contaminantes e intensivas en carbono, o bien aquellas con menos posibilidades de acometer la transición, como las pequeñas y medianas empresas. De poco sirve legislar para los más avanzados, porque de lo que se trata es de arrastrar a los rezagados. Este ha de ser, sin duda, un proceso gradual, que no se realizará de la noche a la mañana, lo que exigirá trabajar con las empresas en el largo plazo y con cierta flexibilidad. Esta gradualidad es perfectamente compatible con dar pasos firmes y rápidos en la regulación de las diferentes taxonomías, los índices o los requisitos de información, pasos previos para desencadenar el resto del proceso.

Me he referido a las pymes y no quiero dejar de añadir algo más sobre este colectivo de empresas que representan el 98% de nuestro tejido productivo. El porcentaje da idea de su importancia en nuestra economía, por lo que es obvio que no podemos dejarlas al margen de este proyecto. No va a ser fácil porque lo último que precisan en estos momentos nuestras pequeñas empresas son más cargas regulatorias, ocupadas como están en sobrevivir a la crisis desatada por la pandemia de la COVID-19. Claramente son las que precisan más ayuda para incorporarse a este proyecto de la sostenibilidad y son en ellas donde las asociaciones del sector financiero han puesto el foco de la actividad a desarrollar por Finresp. El Centro Financiero para la Sostenibilidad en España (Finresp) fue creado en 2019 por las principales asociaciones del sector financiero —AEB, CECA, Inverco, Unacc y Unespa— y se convirtió así en el vigésimo séptimo miembro de la Red Internacional de Centros Financieros para la Sostenibilidad (FC4S) impulsada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, cuyo objetivo es intercambiar experiencias y emprender acciones comunes para acelerar la expansión de la financiación ecológica y sostenible. Con sede en Madrid, este centro nació con la vocación de atender, en particular, las dificultades y necesidades de las pequeñas y medianas empresas para adaptarse a los requerimientos de la próxima Ley de Cambio Climático y a las propuestas normativas sobre finanzas sostenibles presentadas por la Comisión Europea.

En cuanto a la crisis de la COVID-19, que acabo de mencionar, curiosamente, lejos de ralentizar el proyecto global para avanzar hacia una economía más sostenible, ha hecho justo lo contrario, en gran medida gracias a la decidida voluntad de la Comisión Europea de relanzar la recuperación de la economía de la Unión en base a tres pilares: la digitalización, la inclusión social y la sostenibilidad. Así queda plasmado en el plan de recuperación conocido como Next Generation EU, un programa de 750.000 millones de euros, cuyo fin principal es reparar el daño ocasionado por la crisis sanitaria a través de la inversión de ese importe en “una Unión Europea verde, digital, social y más resistente”, de forma se vuelve a dar prioridad a la sostenibilidad en la construcción del futuro europeo. A mi juicio, tiene toda la lógica, porque si vamos a construir algo nuevo, hagámoslo sobre bases de futuro y no sobre elementos que ya han quedado obsoletos.

No es necesario decir que el importe del programa, del que solo para los años 2021 y 2022, a España le corresponden 44.000 millones de euros, representa una enorme oportunidad para dar un salto cualitativo en la modernización de nuestro tejido productivo, una oportunidad que no podemos malgastar. La clave del éxito residirá en utilizar sabiamente esos fondos, con la mayor granularidad posible: lo más relevante es el efecto multiplicador que se logre con ese 2% del PIB anual en materia de inversiones, de empleo y de aumento de la competitividad a largo plazo. Y no necesariamente todo pasa por proyectos complejos: por ejemplo, la rehabilitación de viviendas para mejorar su eficiencia energética puede ser una iniciativa sencilla, generadora de empleo en pymes, y clave en la lucha contra el cambio climático, puesto que el 40% aproximadamente de la emisión de CO2 a la atmósfera corresponde a los edificios. La lucha contra el cambio climático empieza en casa, aquí y ahora. Hay que buscar más balas de plata como esta.

¿Qué puede aportar el sector bancario en el desarrollo de programa europeo? En primer lugar, su compromiso con la sostenibilidad. Como quedó claro en la COP25, hemos acelerado los esfuerzos y el sector bancario español es ya visto, en menos de un año, como un sector puntero a la altura de otros sistemas bancarios pioneros, como el francés, el holandés o el de los países nórdicos. En segundo lugar, pocos sectores poseen la granularidad y la eficiencia para desplegar políticas con mayor rapidez. Pensemos que, en unos pocos meses, y con la inestimable colaboración del Tesoro y el ICO, fuimos capaces de llevar alivio financiero a 560.000 empresas (en su inmensa mayoría pymes). O que nuestras moratorias crediticias han permitido aliviar la carga de 1,5 millones de familias y autónomos. Insisto, los bancos españoles son garantía de eficiencia y un ejemplo de agilidad en toda Europa.

En tercer lugar, las entidades bancarias conocen a sus clientes y pueden ayudarles a ellos y a la economía española. Pensemos que el compromiso de medir y reducir la huella de carbono de nuestros balances nos obligará a acompañar a nuestros clientes de activo, fundamentalmente familias y pymes, a transitar ese camino hacia un futuro más sostenible.

Será necesario, sin embargo, echar mano de todos los mecanismos de financiación a nuestro alcance. En este sentido no se puede olvidar a los mercados de capitales en su función de facilitadores del cambio. A la postre, los mercados son otro ámbito fundamental para la asignación de fondos necesarios para acometer el cambio de nuestro modelo actual de economía hacia otro más sostenible que respete las necesidades medio ambientales, sociales y de gobernanza. Es cierto que la regulación y supervisión de los mercados están experimentando un acelerado proceso de cambio, impulsado por la Comisión Europea en diversas áreas: etiquetas, social, gobernanza, verde, etc. Deberíamos aprovechar este impulso para cerrar definitivamente la construcción de la Unión de Mercado de Capitales, imprescindible para facilitar y sostener este proceso de financiación en el largo plazo.

En definitiva, la pandemia ha traído, además de dolor e incertidumbre, elementos de esperanza y cambio que resultaban insospechados hace unos meses. Parece claro que hemos pasado de una sostenibilidad 1.0 a una 2.0 o, lo que es lo mismo, de estudiar y tomar conciencia, a medir y actuar. De lo que no cabe duda es que quien quiera estar en la economía y la empresa, tendrá que estar en el mundo de los criterios ESG. Cualquier otra posibilidad simplemente no existe.

José María Roldán, presidente del Centro de Finanzas Responsables y Sostenibles (Finresp) y de la Asociación Española de Banca (AEB)

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