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La banca en la nueva era digital

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La Asociación Española de Banca ha asumido como una prioridad ayudar a sus asociados a transitar hacia este mundo digital y a tal fin ha estado impulsando una normativa -ya muy avanzada- que permite la creación de espacios de prueba controlados, conocidos como sandbox. Con ese mismo objetivo, el sector bancario -a través de la AEB- ha estado reclamando que las inversiones en software dejaran de estar penalizadas en los requisitos de capital, reclamación que por fin ha sido atendida. Otra de nuestras preocupaciones y no menor en este ámbito, la relativa a la ciberseguridad, se ha plasmado en la creación de un Comité en el seno de la Asociación que permite a las principales entidades bancarias compartir información de utilidad en la prevención y lucha contra los riesgos cibernéticos.

Mientras el sector afronta este desafío disruptivo, el frente de la regulación sigue abierto. Por un lado, comienzan ahora a identificarse los efectos de los importantes cambios regulatorios introducidos en los últimos años y por otro, no dejan de aparecer nuevas normas que completan las existentes. Este es el caso del paquete normativo que va a modificar las directivas de Requerimientos de Capital (CRD) y va a suponer una vuelta de tuerca a las exigencias de recursos propios. Más preocupante es la falta de definición de la composición del colchón anticíclico conocido como MREL que mantiene en vilo a los bancos y paralizadas las emisiones de pasivos computables en este colchón anticrisis. Esperamos que esta incertidumbre quede despejada a lo largo de 2019, puesto que el 1 de enero de 2020 entrarán en vigor estos criterios. Esta reforma legislativa regulará también algunos aspectos del nuevo sistema de resolución como, por ejemplo, cómo proveer de liquidez a las entidades una vez que han sido declaradas no viables.

A todo ello se suma la nueva definición de mora aprobada el año pasado por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y el Banco Central Europeo (BCE), que entrará en vigor plenamente en 1 de enero de 2021 y previsiblemente implicará un incremento del importe de préstamos considerados dudosos. Un problema adicional se plantea al comprobar que esta nueva definición no coincide con la normativa contable IFRS 9 a la hora de determinar las provisiones, por lo que será preciso que ambas acaben convergiendo. Las IFRS 9, que entraron en vigor el 1 de enero de 2018, han tenido una gran transcendencia para el sector dado que incorporan una filosofía más exigente en el cálculo de las provisiones al cambiar el concepto de pérdida incurrida por el de pérdida esperada.

Este endurecimiento de la norma contable está en línea con la insistencia del supervisor europeo para que los bancos aceleren la reducción de sus activos improductivos (NPLs). En este terreno, es preciso destacar el enorme esfuerzo realizado por los bancos españoles que en los dos últimos ejercicios ha eliminado activos improductivos por un importe superior a los 70.000 millones de euros. De esta forma, la ratio de dudosos de nuestras entidades se ha situado por debajo de la media europea. Cabe destacar asimismo el buen resultado obtenido por nuestros bancos en los test de estrés llevados a cabo en 2018 por la EBA y el BCE. Los resultados de estas pruebas muestran como en el hipotético escenario más adverso de 2020 nuestras entidades destruirían la mitad de capital que la media europea y mantendrían una ratio de apalancamiento mejor.

Como se puede comprobar, la regulación sigue jugando en contra de la rentabilidad de nuestras entidades. Cada nueva norma supone una nueva vuelta de tuerca que detrae esfuerzos y recursos de nuestros bancos. La transición digital exige, de momento, ingentes inversiones y afrontar una creciente competencia que presiona el precio de productos y servicios. Asimismo, la política monetaria se alza como el primer obstáculo para recuperar un nivel de rentabilidad adecuado. Y a pesar de que el BCE dejó el año pasado de hacer compras netas de deuda, la normalización monetaria parece que se va a retrasar más allá del último trimestre de 2019, momento esperado para iniciar una lenta subida de los tipos de interés. La rentabilidad sigue siendo, pues, el talón de Aquiles de nuestros bancos y en este contexto, la nueva Ley Hipotecaria puede convertirse en otra piedra en el camino.

La Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario, cuya tramitación se prolongó a lo largo del año pasado y fue aprobada finalmente en febrero de 2019, ofrece un marco más predecible y seguro para la actividad hipotecaria, tan importante para nuestro sector. No obstante, esta seguridad jurídica se ha ganado a fuerza de limitar la libertad contractual de las partes y, en particular, la de las entidades bancarias, lo que podría traducirse en una oferta más restrictiva del crédito, tanto en precio como en volumen. En cualquier caso, esperamos que, entre todos los integrantes de este mercado -entidades, autoridades, notarios y registradores-podamos recuperar la confianza en esta actividad y mitigar la exacerbada litigiosidad que hemos sufrido en los últimos años.

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