Un único fondo europeo para todos los depositantes

A principios de año, y según la rotación establecida, Portugal tomaba las riendas de la Unión Europea, asumiendo su Presidencia por seis meses. Entre sus prioridades, la de estimular la finalización de la Unión Bancaria. Para ello cogía el guante de la presidencia austriaca en lo relativo a la creación del sistema europeo de garantía de depósitos y desatascaba así las negociaciones en torno a la construcción de este tercer y último pilar de la tan deseada Unión Bancaria.

Mucho ha ocurrido desde entonces, vayamos poco a poco. La Presidencia lusa impulsó un modelo europeo de protección de depósitos basado en la coexistencia de los fondos nacionales y de un fondo europeo administrado por un organismo comunitario, el denominado modelo híbrido. Los distintos sistemas, los nacionales y el europeo, estarían vinculados por un régimen de préstamos obligatorios en caso de necesidades de liquidez de alguno de ellos, pero sin mutualización de los riesgos. En consecuencia, los grupos de trabajo de la Comisión se activaron con una nueva propuesta encima de la mesa y retomaron anteriores conversaciones que habían sido abandonadas en su día por falta de consenso. Aunque para algunos Estados miembros esta nueva propuesta sigue pareciendo un máximo de cesión y para otros un mínimo, permite al menos atisbar un cierto compromiso entre países; algo nuevo en torno a este tema y, sin duda alguna, positivo.

Como ejercicio paralelo al trabajo de los grupos técnicos, esta misma semana vencía el plazo para enviar comentarios a la consulta de la Comisión Europea publicada a principios de año acerca de la revisión del marco sobre la gestión de crisis en entidades financieras y la protección al depositante. Esta consulta, además de proponer la revisión del marco de resolución de entidades, incluye un último capítulo sobre la protección de los depositantes europeos y, entre otros temas, se interesa por la opinión de los participantes acerca de este modelo híbrido de garantía de depósitos. Compilar, bajo una única consulta, un marco de resolución de entidades bancarias -que parece que no terminamos de estrenar- con un necesario tercer pilar de la Unión Bancaria -que tiene muchos detractores- es, sin duda alguna, un buen movimiento de la Comisión Europea. Porque no podemos negar que la relación entre un tema y otro es evidente: el objetivo más importante de todo sistema de protección de depositantes es la cobertura de sus ahorros cuando acontece una crisis bancaria.

La postura española sobre la construcción de un fondo común europeo de garantía de depósitos es ya bien conocida: apoyo total a un sistema europeo (EDIS, por sus siglas en inglés) que, llegado el caso, asumiría como pérdidas propias los desembolsos que tuviese que realizar para garantizar los depósitos de cualquier ciudadano de la Unión Europea. El EDIS estaría participado por todos los bancos de la Unión -y no por los distintos fondos de garantía de depósitos nacionales-, al que contribuirían de acuerdo con el riesgo asumido por cada uno de ellos de manera individual.

La defensa por parte de los bancos españoles de un auténtico sistema europeo de garantía de depósitos se basa fundamentalmente en dos objetivos. El primero es conseguir la definitiva desaparición del vínculo bancos/soberano, es decir, que la garantía de los depósitos bancarios no dependa de los fondos nacionales y, por tanto, de la mayor o menor fortaleza del soberano que los respalda. El segundo, y no menos importante, es igualar la protección a todos los depositantes dentro de la Unión Europea, sin importar en que país se encuentre su banco.

Con espíritu constructivo y ganas de retomar las conversaciones en torno a un sistema europeo de protección depósitos, el sector bancario español da la bienvenida a este nuevo enfoque planteado y respalda la creación de un sistema que comience siendo – y aquí está la clave – el modelo híbrido que propone la Presidencia portuguesa, basado en un sistema de préstamos obligatorios. Pero es igualmente importante que el planteamiento portugués sea solo un primer paso hacia una futura mutualización de pérdidas, y que se diseñe un plan de trabajo en el que los sistemas y fondos nacionales de garantías de depósitos vayan perdiendo peso progresivamente en favor de un órgano europeo.

Cerrar la Unión Bancaria con un mero sistema de préstamos entre fondos nacionales no satisface nuestra ambición. Y hay un riesgo evidente de que los países que no desean compartir los recursos -y, en su caso, las pérdidas- fuercen la culminación del tercer pilar de la Unión Bancaria con este sistema y den por concluida la discusión.

Estamos en un momento clave en el que parece que las discusiones se están desbloqueando. En su respuesta a la consulta de la Comisión, el sector bancario español se ha esforzado por trasladar la importancia de que este sistema, aún por definir, cumpla los requisitos mínimos para igualar la protección de todos los depositantes en la Unión Europea sin importar el país donde se encuentre su banco y separar esta protección del vínculo con el soberano. No debemos conformamos con el modelo híbrido planteado para ponerle el broche a la Unión Bancaria. Para ese viaje, que dirán los más castellanos, no se necesitan alforjas.

Carmen Rizo, asesora de Public Policy de la Asociación Española de Banca (AEB)

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