La propuesta de directiva europea por la que se establece un marco para el rescate y la resolución de entidades de crédito formulada por la Comisión en junio de 2012 se encuentra en las últimas fases del proceso legislativo comunitario, el llamado trílogo entre las instituciones, y se espera que la directiva vea la luz antes de finalizar el año.
Conforme al estándar internacional (los llamados key attributes) establecido por el Financial Stability Board, el régimen europeo de resolución está orientado a prevenir primero, desde fases tempranas, el deterioro de la situación financiera de las entidades, y a paliar después los posibles efectos de su caída, cuando esta no ha podido evitarse. El objetivo explícito del nuevo régimen es hacer recaer el coste en los accionistas y acreedores de la entidad fallida, evitar o minimizar las pérdidas para los contribuyentes, prevenir el contagio a otros agentes y preservar la estabilidad financiera.
En esta última etapa del procedimiento, el foco de atención ha estado centrado en uno de los aspectos fundamentales del marco: el mecanismo de financiación de la resolución y, más concretamente, la participación prioritaria en el mismo de accionistas y acreedores, mediante la eventual reducción del valor de sus títulos o la conversión de deuda en capital (bail-in), y a continuación del propio sector, a través de un fondo de resolución constituido con aportaciones ex ante por las entidades de crédito.