La morosidad bancaria desafía a la UE

Más exigencia regulatoria no es necesariamente la mejor solución para atajar el problema.

La reducción de la morosidad bancaria se ha convertido en un serio reto para las autoridades europeas. Tanto las autoridades regulatorias (EBA) como las supervisoras (BCE) y las políticas (Ecofin) han puesto en marcha un conjunto de medidas para reducir la morosidad existente en los balances de las entidades de crédito europeas y potenciar con ello el crecimiento de la UE.

Andrea Enria, presidente de la EBA, cuantificaba a principios de año el importe de préstamos dudosos en la UE en casi un billón de euros. Esta cifra se plantea como un problema para la UE, aunque no podemos ignorar la gran dispersión de los niveles de morosidad entre los distintos países de la UE y entre las entidades, según sus diferentes modelos de negocio y la diversificación geográfica de sus actividades. Esta percepción de la EBA está en línea con las inquietudes del BCE que, por segundo año consecutivo, considera los elevados niveles de préstamos dudosos como una de sus principales preocupaciones.

Esta inquietud le ha llevado a publicar una guía, de obligado cumplimiento para las entidades de crédito, para la gestión del riesgo de crédito y la realización de inspecciones a entidades con niveles de morosidad más elevados. Por su parte, durante la reunión de julio del Ecofin, los ministros de economía acordaron un plan de acción que solucione esta situación. El plan, que debe implantarse antes del verano de 2018, incorpora 14 medidas para fortalecer la supervisión a través de nuevos requerimientos regulatorios, favorecer el desarrollo de los mercados secundarios de préstamos dudosos y analizar los marcos de insolvencia en la UE, entre otros. Aunque toda iniciativa que contribuya a reducir el nivel de préstamos dudosos es bienvenida, conviene prestar atención sobre tres aspectos abordados marginalmente en el mencionado plan del BCE. Primero, hay que tener en cuenta que la morosidad es un elemento inherente a la actividad bancaria. Segundo, la imposición de nuevos requerimientos regulatorios podría tener efectos colaterales no deseados que repercutan, por ejemplo, a los volúmenes de concesión de crédito. Y tercero, se echan en falta otras medidas de carácter macroeconómico que puedan contribuir a la reducción de la morosidad.

Pedro Cadarso, asesor

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