A lo largo de 2012 las autoridades españolas han adoptado exigentes y profundas reformas estructurales -laboral, presupuestaria, fiscal y financiera-.
Reformas para ayudar a corregir cuanto antes los desequilibrios macroeconómicos acumulados por nuestra economía, tales como el abultado déficit fiscal, la elevada dependencia de la financiación exterior, la recapitalización y reestructuración de algunas antiguas cajas de ahorros y la necesaria mejora de nuestra competitividad.