Colombia afronta una etapa crucial en su deseo de generar bienestar social y económico.

El pasado 1 de diciembre de 2016 el Congreso colombiano refrendó el acuerdo de paz con las FARC, el frente guerrillero más longevo de Latinoamérica, después de cuatro años de negociaciones formales, lo que pone fin a más de 50 años de conflicto en el país. El primer paso de ese acuerdo era que en los 180 días siguientes al refrendo, la guerrilla se reunificara en un conjunto de campamentos para formalizar la entrega de armas a las Naciones Unidas. Hasta ahora, el compromiso por entregar el total de las armas antes del 1 de junio de 2017 sigue vigente, lo que supone un síntoma de optimismo y esperanza.

No es poco disfrutar de algunas señales positivas porque el proceso, a pesar de avanzar en la dirección correcta, está repleto de retos. Quizás el más importante sea el hecho de que desde 1990, según las bases de datos de las Naciones Unidas, se han firmado cerca de 700 procesos de paz en el mundo, de los cuales un 50 por ciento ha fracasado un año después del acuerdo.

Las razones de este decepcionante resultado son fundamentalmente tres. El argumento más importante es porque la violencia aumenta de manera significativa tras los acuerdos; la segunda se produce por el exceso de expectativas o la progresiva irrelevancia del proceso y, la tercera, porque tiende a crecer la ilegalidad y la informalidad con intereses económicos vinculados a la continuación del conflicto. También hay otros factores de riesgo como la existencia de vecinos hostiles, la presencia de otros grupos guerrilleros o la falta de convicción de los diferentes actores.

Para afrontar estos desafíos, el Gobierno colombiano, junto con el Alto Comisionado por la Paz y el Ejército están trabajando para mitigar el impacto de cualquier de estos argumentos. El más palpable es el empeño por reducir los niveles de violencia que si bien continua siendo elevada comparada con los principales países de la región, este ratio se ha reducido en más de 25 puntos básicos desde inicios del año 2000. Asimismo, para que este proceso sea relevante y se sienta en todos los niveles de la población colombiana, el Gobierno ha diseñado un programa que, más allá de la entrega de armas y el alto el fuego, aspira a tener un impacto social muy relevante a través de diferentes programas de integración y recuperación de las áreas desalojadas. De esta manera, además, se pretende mitigar el potencial impacto causado durante la precampaña electoral en los próximos trimestres. Finalmente, para reducir el riesgo de los intereses económicos que tienden a generarse alrededor de la ilegalidad, el Gobierno ha diseñado un paquete de incentivos que promueve de manera voluntaria la reducción del área de cultivo de coca en el país.

Ver artículo completo de Juan Carlos Delrieu, Director de Planificación Estratégica de la AEB, en El Economista.