La Unión Económica y Monetaria necesita un cambio de mentalidad, de gobierno y de métodos para lograr la adhesión de los ciudadanos, un factor que ahora se ha revelado esencial para la propia supervivencia de la Unión.

La arquitectura institucional de la Unión Europea está siendo objeto de una profunda revisión a raíz de las insuficiencias estructurales que la crisis financiera y del euro pusieron de manifiesto. Aunque el proyecto de unión bancaria es el más avanzado y representativo, dista mucho de ser el único necesario, si no imprescindible, para garantizar la supervivencia del euro a largo plazo.

Estas reformas representan, además, una respuesta inaplazable a la creciente desafección de los ciudadanos hacia el proyecto de la Unión Europea (UE), cuya manifestación más dramática ha sido el éxito del brexit en el referéndum británico. La Unión Europea debe realizar un esfuerzo considerable no solo para mejorar su funcionamiento, sino para explicar a los ciudadanos europeos que la Unión Europea aporta un beneficio directo en sus vidas y que la superación de las dificultades actuales, legado de una crisis económica atroz –la más dura y prolongada de los últimos setenta años– pasa por más Europa.

Especialmente preocupante resulta que esta nueva eurofobia –manifestada a través de movimientos populistas, xenófobos y renacionalizadores de muy diferente signo político– ha echado raíces entre los más jóvenes, que ven a la Unión como un ente frío, burocrático y con un poder político poco legitimado desde un punto de vista democrático.

Resulta, pues, imprescindible recuperar a las jóvenes generaciones para incorporarlas al proyecto europeo, pues a ellas les tocará en suerte perfeccionar y rematar el proyecto de unidad europea que comenzaron sus abuelos hace sesenta años.

Pero no todo es atribuible a factores políticos: estaríamos cometiendo un error de base si contemplamos el problema solo bajo ese prisma. Hay que recordar que el movimiento renacionalizador partió, en primer lugar, de los mercados y los grandes agentes económicos a raíz del estallido de la crisis financiera internacional en 2007 y más adelante de los propios gobiernos, cuyas decisiones dieron paso a la crisis de la deuda soberana. Ya se sabe que en tiempos de crisis funciona el «sálvese quien pueda» y este caso no fue una excepción.

José María Roldán, presidente de la Asociación Española de Banca

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