La banca como chivo expiatorio

Los bancos han sido los grandes perdedores de la incertidumbre creada por el Tribunal Supremo a raíz del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. No se debería castigar al sector por cumplir con la legalidad existente.

Los bancos han sido los grandes perdedores de la incertidumbre creada por el Tribunal Supremo a raíz del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD). La sentencia del 16 de octubre suponía romper con una normativa mantenida durante más de 20 años y ratificada por el propio Tribunal a través de su propia jurisprudencia. Su vuelta atrás por el Pleno del Tribunal dos semanas más tarde ha llevado al Gobierno a aprobar un real decreto ley  que modifica tanto el IAJD como el impuesto de sociedades. En definitiva, los bancos serán ahora los que paguen el impuesto y no podrán deducírselo como gasto. Y todo esto defendido por el Gobierno ante la situación de “extraordinaria y urgente necesidad” creada por la decisión final del Tribunal Supremo.

Los bancos siempre cumplen con la legalidad. La cumplieron en el pasado cuando nuestras autoridades fijaron como sujeto pasivo del impuesto a los clientes. Y seguirán cumpliéndola ahora que son ellos los que deben pagarlo. En los países europeos donde existe un impuesto similar su pago corresponde al cliente. Como también ocurre en las comunidades que tienen autonomía fiscal en España.  Dicen que es necesario reforzar la seguridad jurídica con la reciente modificación de las normas fiscales. Pero es la misma seguridad jurídica que ha inspirado una norma asentada durante más de dos décadas. Sin duda, es fundamental que exista un entorno de certidumbre jurídica y normas claras estable donde todas las partes tengan claros sus derechos y también sus obligaciones.

Los bancos también han visto deteriorada su imagen ante buena parte de la sociedad por todo lo acontecido en los últimos veinte días. Desde el sector hemos argumentado que no se puede castigar al que cumple la ley. Y sin embargo escuchamos de forma persistente que los bancos deberían haber sido obligados a pagar el impuesto con carácter retroactivo, lo que de producirse hubiera roto principios básicos como la propia seguridad jurídica (los cambios legales son efectivos desde su aprobación) o la confianza legítima (no se puede hacer pagar un impuesto a quien no era sujeto pasivo). La desinformación interesada de terceros ha sido clave para el desarrollo de este debate público que ha acentuado el descrédito y el menosprecio hacia los bancos. Se habla de abusividad por parte de los bancos, cuando el pago del impuesto era para las haciendas territoriales y no respondía a una relación contractual con el cliente. Era una norma tributaria la que determinaba que el cliente era el sujeto pasivo del impuesto. Se pone de ejemplo a las cláusulas suelo, siendo cosas bien diferentes. Por cierto, al hablar de cláusulas suelo se suele obviar que en ningún momento desde el ámbito judicial se ha acusado a los bancos de mala fe o de ilegalidad. Y es que los bancos no podían cumplir a efectos de transparencia en la comercialización de la cláusula suelo algo que desconocían al no quedar recogido por la legislación española.

Pero no queda aquí la penitencia de los bancos ante un pecado que no han cometido. Desde la AEB hemos defendido el entorno de elevada competencia existente entre nuestras entidades a la hora de valorar qué decisión tomarán en las nuevas condiciones de financiación por el aumento del coste que supone el pago ahora del IAJD. Cada entidad tomará la decisión que encaje en su estrategia comercial.  Sin embargo, la libre decisión de cada entidad en un entorno de elevada competencia y de eficiencia del sector es ahora cuestionada públicamente al rebatir la posibilidad de que se pueda repercutir el coste del impuesto. La rentabilidad no solo es una prioridad para los bancos sino para el conjunto de la sociedad. El desarrollo económico precisa de un sistema financiero fuerte y rentable, capaz de enfrentarse con éxito al reto que conlleva su digitalización y liderar de esta forma la propia transformación digital de la economía española. Una rentabilidad apropiada para los bancos que no genere dudas sobre su sostenibilidad a medio y largo plazo y que responda a las exigencias de sus accionistas. Recordemos que la rentabilidad en estos momentos de la mayor parte de la banca española es inferior al coste de capital.

Una reciente encuesta de Deloitte mostraba como los bancos españoles ofrecen más servicios financieros que sus pares europeos, a un precio promedio un 60% más bajo, y a través de todos los canales existentes. Tres de cada cuatro servicios financieros proporcionados por los bancos españoles son gratis. Y bajo un esquema de total inclusión financiera como certifica el Banco Mundial. Además, los bancos de la AEB no han necesitado ayudas públicas durante la crisis, sino que han contribuido con más de 10.000 millones de euros al saneamiento de las entidades con problemas. Nuestros bancos se han fortalecido en la última década apelando a los inversores, hasta sumar en estos momentos más de 2 millones de accionistas en España y casi 5 millones a nivel mundial. Los bancos no solo merecen respeto por sí mismos, sino por sus empleados y por su importancia, pero también por sus accionistas, entre los que figuran muchos pequeños ahorradores.

Es importante que reflexionemos sobre todo lo que está sucediendo en un sector clave para el desarrollo económico y para la prosperidad de familias y empresas. Y que desarrolla su actividad bajo una estricta regulación y supervisión. La banca española cumple con sus objetivos últimos con eficacia y eficiencia, como así lo reconocen los clientes de sus propios bancos.

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