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EL MUNDO

El mejor impuesto para la banca

billete 5 euros

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Tiempos interesantes los que nos han tocado vivir. Para el sector bancario, porque estamos presenciando una vuelta a una interpretación distorsionada del pasado que ignora un hecho fundamental: los bancos que sobrevivieron a la crisis fueron aquellos que no necesitaron de ayudas públicas (porque estaban bien gestionados), los que resolvieron los problemas derivados de la crisis con los recursos de sus accionistas y los que, finalmente, tuvieron que hacerse cargo de las entidades inviables, minimizando así el gravísimo impacto que su caída habría tenido para los clientes y para la economía española en su conjunto.

Diez años después de la crisis, el sector bancario se enfrenta todavía a desafíos importantes. El primero, y que resume todos los demás, es el de la rentabilidad, pues aún no retribuimos a nuestros accionistas de manera suficiente -técnicamente, el ROE está por debajo del coste de capital-, y si no lo hacemos las consecuencias, en este sector como en cualquier otro, serán las mismas: se reducirá nuestro nivel de actividad, el tamaño de nuestro balance y el nivel de empleo de nuestras empresas. Entre todos esos desafíos, destaca uno: nuestra materia prima, el dinero, no tiene valor en este entorno de tipos de interés ultraplanos. Y esto, que es una buena noticia para nuestros clientes de activo y para el Estado que financia su deuda muy barata, no lo es para los bancos y sus depositantes. Pero también nos enfrentamos a otros retos: mejorar nuestra solvencia, nuestra solidez, hacer frente al desafío digital y coadyuvar, en la próxima década, a transitar hacia un modelo económico y energético sostenible.

En este contexto, no me cabe duda de que el mejor impuesto que se puede aplicar a la banca es pedirle que refuerce su capital y solvencia. Hacer que reserve más dinero -capital y provisiones- para que cuando vengan los problemas no sea necesario recurrir al dinero del contribuyente. Y para que cuando lleguen los malos tiempos, las familias y empresas no se queden sin financiación, justamente cuando más lo necesitan. Sin duda, ese es el mejor impuesto posible. Y es el que han estado aplicando las autoridades en todo el mundo desde que estalló la Gran Recesión Global. Como consecuencia de esos nuevos requerimientos, los bancos españoles disponen hoy entre dos y tres veces más de capital que hace una década y entre cuatro y seis veces si incluimos el capital de resolución, el MREL. A esto se añade la contribución que hacen nuestros bancos al Fondo de Garantía de Depósitos y al Fondo Europeo de Resolución de nueva creación. En suma, un esfuerzo ingente -de más de un 30% del PIB sólo en provisiones para insolvencias- que ha sido llevado a cabo en medio de una crisis inédita en su dureza y en las peores circunstancias posibles. Los bancos han hecho este esfuerzo porque entienden lo que se les exige. Y aunque el sector bancario sólo representa un 3% de la producción y de los beneficios empresariales, su papel fundamental para el correcto funcionamiento del otro 97% de la economía, le hace acreedor de una exigencia y protección especiales. Con ambas, se trata de salvaguardar la función del sector bancario -como proveedor de crédito, organizador del sistema de pagos y custodio del ahorro- que es de vital importancia para la economía, como ya se vio durante la Gran Recesión y la crisis del Euro de 2011/2012.

En suma, los bancos españoles han fortalecido sus balances y lo seguirán haciendo. A día de hoy, son mucho más solventes, sanos y fuertes. Pero no hay que olvidar que acaban de salir de una compleja coyuntura y tienen todavía un camino que recorrer en su proceso de capitalización y de saneamiento de sus balances. Y para hacerlo, necesitan obtener beneficios, ser rentables. Sin rentabilidad, no hay forma posible de incrementar la solvencia. Y ese es, hoy por hoy, el objetivo primordial del sector y debe serlo también el de las autoridades como garantes de la estabilidad financiera y del buen funcionamiento de la economía. Cualquier decisión que vaya en contra de ese objetivo interrumpirá ese proceso que con tanto esfuerzo vienen haciendo los bancos españoles en los últimos diez años. Creo que es una buena razón -hay muchas otras- para pedir al Gobierno que descarte incrementar la presión fiscal sobre el sector bancario, sea cual sea la figura impositiva que utilice.

Es cierto que el Gobierno, mejor dicho, la sociedad española se enfrenta al problema de cómo garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. Y los bancos quieren contribuir a su solución en la medida de sus posibilidades. Nuestras entidades ya han demostrado que son solidarias con la sociedad española -hay muchos hechos que así lo avalan-, pero es imprescindible que cada agente social o económico se dedique prioritariamente a atender su propia responsabilidad. Una sociedad funciona bien cuando cada sector, empresa o ciudadano hace bien lo que tiene que hacer. Se trata sólo de eso. Asumir responsabilidades ajenas, sólo puede llevar a dos situaciones: a desatender las obligaciones propias y a dejar sin solución el problema que se trata resolver, simplemente porque se eligió un camino inadecuado.

En estos momentos, nuestro deber es alertar sobre los efectos que, en términos de competitividad entre los bancos, entre éstos y las emergentes fintechs y bigtechs y entre España y Europa en el marco de la Unión Bancaria, pueden tener algunas de las medidas fiscales planteadas. Así como advertir sobre las repercusiones que podrían tener para la solvencia de los bancos y, finalmente, sobre la provisión y precio del crédito y los servicios financieros ofertados a los ciudadanos.

En conclusión y vuelvo a mi idea inicial, el mejor impuesto que se puede aplicar a los bancos es pedirles que refuercen la fortaleza y solvencia para estar en disposición de dar crédito en buenas condiciones y facilitar la vida a sus clientes con los mejores productos y servicios posibles. A cambio, los bancos sólo piden que no se obstaculice su proceso de fortalecimiento y que se dé una solución adecuada al problema de las pensiones en toda su complejidad. Un problema que es de toda la sociedad y requiere soluciones globales amparadas en un amplio consenso político y social.

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