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Presidente

INTERVENCIÓN EN EL SEMINARIO APIE-UIMP

¿Cómo afectan los principios de sostenibilidad al modelo bancario?

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En primer lugar, quiero expresar mi satisfacción por el tema elegido por los organizadores del curso para esta edición: la sostenibilidad de la economía. Hace un año hablé en esta misma aula acerca del papel crucial que tiene el sector bancario en la transición hacia una economía sostenible, convencido como estoy de la creciente importancia del proceso que hemos emprendido hacia una economía más justa y respetuosa con el medioambiente. Veo ahora con agrado cómo, día a día, crece la preocupación en amplios sectores de la sociedad, entre ellos los periodistas expertos en información económica, por los factores medioambientales y otros relativos a la sostenibilidad de nuestra economía.

Aún a riesgo de repetirme, he considerado que sería interesante hacer un pequeño repaso de lo que ha ocurrido en estos últimos doce meses, porque en este periodo de tiempo se han producido avances notables en todo este proceso para construir una economía más sostenible. Y lo más relevante es que estos avances se ha realizado gracias al impulso que todos los sectores sociales –autoridades, empresas y organizaciones sectoriales – están dando de forma conjunta. Permítanme citar algunas iniciativas recientes en estos tres ámbitos:

  • Desde el ámbito de las autoridades, la Comisión de Expertos del Alto Nivel de la Comisión Europea (HLEG) acaba de emitir su informe sobre la taxonomía europea y sobre los bonos y emisiones verdes.
  • Por parte de las empresas, se han puesto en marcha los Principios de Banca Responsable, a los que numerosos bancos, entre ellos cuatro españoles, se han adherido públicamente. También la Asociación Española de Banca se ha sumado a estos principios.
  • Las organizaciones empresariales, por su lado, están creando en toda Europa Centros de Finanzas Sostenibles y Responsables. La AEB, con la creación, junto con otras asociaciones del sector financiero de FINRESP, se ha posicionado en la vanguardia europea.

Déjenme comentarles brevemente algunas de las aportaciones de estas tres iniciativas. Empezando por la de más actualidad, la Comisión de Expertos de alto nivel de la Comisión Europea (CE) publicó apenas hace dos días, el pasado 18 de junio, su informe sobre la taxonomía y los bonos y emisiones verdes que va a ejercer una influencia decisiva en la configuración de un mercado financiero europeo sostenible. Esta comisión de expertos lleva trabajando desde finales de 2016 para cumplir el mandato de preparar un plan integral e introducir reformas a lo largo de toda la cadena de inversión, sobre la que construir una estrategia de financiación sostenible para la Unión Europea (UE), íntimamente vinculada a la construcción de una Unión de Mercado de Capitales genuina. La CE elaboró en 2018 un Plan de Acción, del que a su vez han se han desprendido varías líneas de actuación. Una de ellas es la publicación de los dos informes mencionados, uno sobre la taxonomía de la UE y otros sobre el estándar europeo de bonos verdes. También existe un tercer informe provisional que define los indicadores necesarios para informar sobre el avance en el cumplimiento de los objetivos propuestos en el “EU Climate Transition” y “EU Paris-alineado”, en el que se aborda también el riesgo de lavado de imagen o green washing, esto es, el potencial uso meramente cosmético de la calificación de verde. Ya advertí hace un año en este mismo foro que el mercado será inmisericorde con cualquier práctica cosmética que se lleve a cabo porque, como entonces insistí y el tiempo está confirmando, esto de las finanzas sostenibles no es una moda pasajera, sino que ha llegado hasta aquí para quedarse, por lo que las entidades deben aproximarse a este mercado con una mentalidad de permanencia.

Volviendo a las recomendaciones que la Comisión de Expertos hace a la CE, estas propuestas tienen una importancia decisiva porque, a partir de ellas, la Comisión va a generar varias iniciativas legislativas de obligado cumplimiento para los estados miembros. Así, una vez que el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo hayan acordado el Reglamento sobre la taxonomía, se espera que la Comisión desarrolle varios actos delegados sobre la misma y estudiará la viabilidad de incluir los riesgos relacionados con el cambio climático en las políticas de riesgos de las entidades y en el calibrado de los requisitos de capital.

Esta taxonomía, o clasificación de activos y actividades económicamente sostenibles, es necesaria para garantizar la consistencia y claridad del mercado. Si Europa quiere movilizar capital para el desarrollo sostenible, -y se calcula que se necesitarán inversiones por más de 180.000 millones de euros anuales- precisa dotarse de un sistema de clasificación técnicamente sólido para establecer con claridad en el mercado lo que es verde o sostenible y lo que no lo es.

Además, en base al informe de los expertos, la CE adoptará un acto delegado sobre el contenido del folleto de emisión de bonos verdes y creará la etiqueta ecológica de la UE para productos financieros, basados también en la nueva taxonomía europea. Se trata de aumentar la transparencia y la comparabilidad del mercado de bonos ecológicos, así como proporcionar claridad a los emisores sobre los pasos a seguir para lanzar una emisión. Asimismo, la CE modificará las directrices no vinculantes sobre información financiera y hará públicas las nuevas pautas para las compañías sobre cómo reportar información relacionada con el clima. Estas directrices son coherentes con las recomendaciones del Grupo de trabajo sobre información financiera relacionado con el clima (TCDF) del Consejo de Estabilidad Financiera y tienen una gran importancia para las empresas, pues les orientan sobre cómo informar de los impactos de sus negocios en el clima y de los impactos del cambio climático sobre sus negocios.

Lamentablemente, el informe del Grupo de Expertos se ha hecho público hace muy pocos días y no hemos tenido tiempo material para analizarlo en profundidad, pero no hace falta decir que la industria financiera tiene un gran interés en conocer en qué consiste esa taxonomía y en cómo el riesgo climático puede cambiar los requisitos a los que se somete la actividad financiera. Es obvio que en función de cómo se aborden estos asuntos se pueden derivar ventajas competitivas para las entidades, que ninguna querrá desaprovechar.

En resumen, los futuros cambios regulatorios en la Unión Europea, que entrarán en vigor en los próximos años, empujarán a las grandes corporaciones, a los inversores institucionales y a las gestoras de activos a integrar el riesgo climático en su estrategia y gestión del riesgo y les obligará a explicar todo ello públicamente.

Los Principios de Banca Responsable

Hemos visto lo que están haciendo las autoridades europeas. Veamos ahora una iniciativa de gran calado que están llevando a cabo los bancos: los principios de Banca Responsable. El proyecto se lanzó a modo de borrador el 26 de noviembre en París, impulsado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI), y 27 bancos fundadores, entre los que se encuentran BBVA y Banco Santander. En estos días numerosas entidades financieras se están adhiriendo a los Principios, ya lo han hecho medio centenar, y la firma definitiva del documento tendrá lugar en la sede de Naciones Unidas en Nueva York en septiembre de este año. Los Principios establecen un estándar mundial sobre lo que supone ser un banco responsable y representan el primer marco global del sector para incorporar la sostenibilidad a todas las áreas de negocio, desde la estrategia y la gestión de fondos hasta la gobernanza, las relaciones con los clientes y con otros grupos de interés. La adhesión a estos principios supone para los bancos firmantes formalizar su compromiso para alinear sus actividades empresariales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París sobre cambio climático. En esto consiste el primer Principio.

El segundo se refiere al compromiso de los bancos para identificar los impactos positivos y negativos de sus actividades y así poder potenciar los primeros y mitigar los segundos. El tercer Principio recoge el compromiso de los bancos para trabajar de manera responsable con los clientes para fomentar prácticas sostenibles y actividades económicas que generen prosperidad compartida, tanto para las generaciones actuales como para las venideras. El cuarto trata de cómo las entidades se proponen colaborar con los grupos de interés relevantes para alcanzar estos objetivos. El quinto Principio aborda cómo se practica con el ejemplo, desde los propios órganos de Gobierno de cada entidad, y se establecen, a través de objetivos públicos, unas bases sólidas para impulsar el cambio. El sexto y último contempla un principio esencial como es el de la transparencia. En este terreno las entidades se comprometen a revisar periódicamente la implantación individual y colectiva de estos Principios e informar de una manera totalmente transparente sobre los impactos negativos y positivos de su actividad.

El gran desafío ahora es cómo llevar, de verdad, los seis principios a la práctica diaria de las entidades bancarias. Se necesitan cambios profundos en la gestión, en el proceso de toma de decisiones, en la cultura de las organizaciones, en el desarrollo de nuevas capacidades de liderazgo responsable y ético, y en la formación de los empleados, entre otros muchos. De nuevo, y tras el intenso proceso regulador vivido después de la crisis, se pide de los bancos que acometan un esfuerzo extraordinario para adaptarse a este nuevo enfoque de banca responsable. Y la adaptación no va a ser fácil. La evaluación de impacto es el primer paso en la implementación de los Principios de Banca Responsable. Los bancos suelen carecer de la información necesaria para realizar una evaluación de impacto concreta. Los datos sobre el impacto indirecto de los bancos en el medio ambiente y la sociedad en relación con los clientes minoristas y las PYMEs pueden ser muy difícil de recopilar. Esto está representando un obstáculo importante para las entidades a la hora de adherirse a los Principios. Las entidades necesitarán, por tanto, más tiempo para establecer objetivos a largo plazo, desarrollar indicadores y sistemas de medición de su actividad para conocer tanto los impactos negativos como positivos de la misma. La alineación de la estrategia, la gestión de riesgos, los productos y servicios, y la gobernanza con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) también llevará algún tiempo.

Respecto a los requisitos de información establecidos por partida triple entre la guía de implementación de los Principios de Banca Responsable, la Comisión Europea y el Grupo de trabajo sobre información financiera relacionado con el clima (TCDF), confiamos en que las autoridades sabrán alienar sus exigencias de información y acotarlas a unos límites razonables para que ello no sea, en ningún caso, un motivo disuasorio para la adhesión a los Principios de Banca Responsable.

Centro de Finanzas Responsables y Sostenibles

Desde el ámbito de la iniciativa privada, quiero destacar la creación, el pasado febrero, del Centro de Finanzas Responsables y Sostenibles en España (Finresp), una iniciativa de la AEB a la que se han sumado CECA, Inverco, Unacc y Unespa y a la que esperamos se adhieran otros actores e instituciones. Nuestro objetivo es configurar un foro abierto a todos los colectivos interesados en debatir y fomentar productos y servicios financieros innovadores, bajo la marca común de la sostenibilidad. Con esta iniciativa, nos hemos unido a la red de centros sostenibles existentes en el mundo –ya hay nueve en Europa- que tienen como objeto ayudar a las empresas a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, impulsados por las Naciones Unidas.

Nuestro centro en España nace con una vocación muy específica, la de atender las dificultades que tiene nuestro tejido empresarial, en particular las pequeñas y medianas empresas de nuestro país, para adaptarse a las exigencias de la próxima Ley de Cambio Climático y a las propuestas normativas presentadas recientemente por la Comisión Europea. El Centro puede cumplir un papel importante en áreas como la formación, la concienciación social y empresarial y la innovación financiera, así como en el desarrollo de estándares de mercado o de la expansión de mercados ya existentes, como el de la inversión responsable y la emisión de bonos verdes. De momento y para lo que resta de año, el Centro se ha propuesto trabajar en cuatro áreas fundamentales:

1.- Comenzar una labor de concienciación social en España, para lo que hemos entrado en contacto con otras patronales y empresas que puedan estar dispuestas a colaborar con el Centro.

2.-Asimismo, queremos recabar el apoyo y la colaboración de las Naciones Unidas y de otros centros similares al nuestro, como el parisino Finance for Tomorrow.

3.- Llevar a cabo la primera Conferencia sobre Finanzas Sostenibles y Cambio Climático, que esperamos convocar en el último trimestre del año.

4.- Definir un plan estratégico del Centro a medio plazo.

Es un poco pronto para adelantar mucho más sobre la actividad del Centro, puesto que acaba de echar a andar. De momento, el pasado 30 de mayo celebramos una jornada sobre “Principios de Banca Responsable y su impacto en la sociedad”, que reunió a un importante grupo de expertos.

¿Qué aporta la sostenibilidad al modelo de negocio bancario?

Hasta aquí hemos visto varias iniciativas desarrolladas en el último año, pero ahora me gustaría hacer alguna reflexión sobre qué puede aportar realmente el factor de la sostenibilidad al modelo de negocio de las entidades bancarias. En mi opinión, aporta dos enfoques novedosos. El primero es que refuerza la visión a largo plazo del negocio bancario, y el segundo, que acentúa una aproximación social y ética, que ya existía bajo el concepto de Responsabilidad Social Corporativa, pero que ahora tiene una dimensión más profunda y extensa. Ello es así, entre otras razones, porque la idea de sostenibilidad viene amparada por un programa global liderado por las Naciones Unidas que abarca a todo el planeta, a toda la población y a todos los sectores de la economía. Los bancos no están solos en la construcción de unas finanzas responsables, sino que forman parte de un proyecto global que incluye a la humanidad entera. Por primera vez en la historia, las instituciones, los gobiernos, los pueblos en su conjunto se han parado a pensar qué mundo deseamos tener, qué mundo queremos dejar a las generaciones venideras. Y la respuesta a esa pregunta ha tomado forma en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por las Naciones Unidas y en el Acuerdo de París sobre cambio climático.

¿Pero qué implica todo esto para los bancos? Este nuevo enfoque social y ético exige llevar a cabo un cambio radical en la cultura y mentalidad de las organizaciones. Requiere primar el equilibrio del medio y largo plazo sobre los objetivos cortoplacistas; dar prioridad a la transparencia sobre cualquier otra consideración, al interés colectivo sobre el propio, a relaciones regidas por el diálogo y la colaboración frente a la autosuficiencia, y todo ello bajo la inspiración general de crear riqueza más sostenible y susceptible de ser distribuida de una forma justa.

Pero la aplicación de los Principios de Banca Sostenible también va a ofrecer a las entidades nuevas oportunidades de negocio y la posibilidad de llevar a cabo cambios de calado en la gestión. Por ejemplo, van a tener la ocasión de integrar los riegos derivados del cambio climático en su actividad, al igual que ya hacen los bancos centrales y los supervisores que evalúan el impacto de estos riesgos sobre la estabilidad financiera. Los criterios de sostenibilidad brindan asimismo nuevas formas de acercarse a los clientes y de relacionarse con los mismos. Es el caso de las pequeñas y medianas empresas, que van a necesitar un gran apoyo, orientación y financiación para adaptarse a las nuevas exigencias medioambientales. Pero, sobre todo, ofrecen la oportunidad de aproximarse a los jóvenes – a los millennials y post-millennials – muy concienciados con los retos que plantea el cambio climático y con la necesidad de avanzar hacia una sociedad más justa. Los jóvenes son ya un motor importante de este cambio y serán, además, los trabajadores, técnicos y dirigentes del mañana y también los futuros clientes de nuestros bancos. En suma, ellos son el futuro, por lo que alinearse con sus objetivos y aspiraciones resulta fundamental para nuestras entidades.

En cuanto a las nuevas oportunidades de negocio, comentaba el año pasado en este mismo curso que la reducción de las emisiones de CO2 en un 40% antes de 2030, marcada como objetivo en los Acuerdos de París, va a requerir, solo en Europa, inversiones cercanas a los 180.000 millones de euros anuales en sectores como la eficiencia energética, la transmisión de energía renovable y el transporte, por citar solo los más evidentes. No hay un solo sector que no demande esa adaptación. Solo la mejora de la eficiencia energética que precisan unos 15 millones de viviendas en España (cerca del 60% de nuestro parque de viviendas) puede implicar inversiones millonarias. Es evidente que, con los tipos de interés tan bajos, el coste de financiación permite invertir en proyectos de gran rentabilidad social, entre ellos, ese Green Deal que descarbonice la economía, impulse el crecimiento y genere nuevos empleos.

No obstante, la magnitud de esas inversiones va más allá de la capacidad del sector público, por lo que la movilización del capital privado requiere el concurso del sector bancario y de un funcionamiento óptimo de los mercados de capitales, por ello se hace más apremiante que nunca terminar de construir el Mercado Único de Capitales. La Comisión Europea está dando un impulso determinante para atraer a la inversión privada, y cabe esperar que las autoridades europeas que surjan de las recientes elecciones continúen liderando este cambio y den un empujón definitivo tanto a la Unión Bancaria, con la construcción del fondo de garantía de depósitos común, como al Mercado Único de Capitales. Sin mercados financieros integrados, difícilmente se podrán recabar las multimillonarias inversiones que reclaman los ambiciosos objetivos del Acuerdo de París.

¿Y cuáles son los desafíos?

Como se puede intuir, la transición hacia una sociedad baja en carbono va a dar un vuelco total a los fundamentos de nuestra economía y, ante la magnitud de este cambio, nos preguntamos si es el mejor momento para que nuestros bancos participen en él. Quizás nunca se está preparado para hacer cambios que impliquen salir de nuestra zona de confort, pero lo cierto es que este movimiento es imparable. Más aún, es urgente, pues el calentamiento del planeta avanza de forma inexorable y sus funestas consecuencias sobre el medio ambiente, también. Por tanto, no podemos pedir tiempo como haríamos en un partido de baloncesto, pero sí reclamar una transición ordenada y acordada, como ya he pedido en otras ocasiones, que no ponga en riesgo la estabilidad financiera y no suponga un súbito estancamiento del crecimiento económico. Se trata de alcanzar un gran “contrato social”, ese Green Deal al que antes me refería, que permita repartir de forma justa los costes de la transición hacia una economía sostenible entre todos los implicados: Gobiernos, empresas, consumidores y sistema financiero.

En segundo lugar, es justo reconocer que a las entidades bancarias se les abre un nuevo frente de actuación cuando todavía están lidiando con las secuelas de la crisis. Sus cuentas de resultados, afectadas por un largo periodo de tipos de interés bajos, apenas dejan margen para hacer frente a los asuntos más apremiantes: el ajuste de estructuras, la transformación tecnológica y la retribución de los accionistas. La pregunta que nos hacemos ahora es cómo compatibilizar esa visión estratégica de medio y largo plazo, que requiere un proyecto sostenible del negocio bancario, con la urgencia que imprime la presión por mejorar la rentabilidad y llevar a cabo la transformación digital. ¿Cómo van a asumir las entidades nuevas inversiones y cargas regulatorias cuándo aún están haciéndose cargo de la ingente y compleja regulación emitida después de la crisis? No es fácil dar respuesta a estas preguntas, pero tendremos que encontrar entre todos el justo equilibrio para avanzar en esta transición sin imponer a las empresas cargas inasumibles.

Una reflexión sobre la regulación

Permítanme, para finalizar, dedicar unos minutos a hablar de los desafíos con los que se enfrentan hoy nuestros bancos. Podríamos decir que estamos en la recta final del proceso regulatorio abierto después de la crisis. Las grandes normas sobre solvencia, liquidez, resolución, mercados, productos y gobernanza ya están en vigor y, en consecuencia, éste podría ser un buen momento para hacer una reflexión sobre lo que se ha hecho bien y lo que no está tan bien y sería necesario cambiar. Cómo esta reflexión es muy amplia y nos puede llevar muy lejos, y ustedes están esperando ya el turno de preguntas, voy a centrarme en cuatro aspectos de la regulación que nos preocupan:

  1. El primero se refiere a los requisitos de solvencia, sus límites y quién los establece.
  2. El segundo trata de la paradoja entre la política monetaria y la regulatoria.
  3. El tercero incide sobre la necesidad de regular en función del tipo de actividad y no de entidad.
  4. Y el cuarto versa sobre la urgencia de simplificar el conjunto de normas emitidas en este periodo.

Echémosles un vistazo rápidamente. En cuanto a los límites de la ratio de solvencia, nos preguntamos cuáles son estos en cada momento. En la actualidad, es una combinación entre los estándares fijados por la regulación prudencial (un Common Equity Tier -1 CTE1- del 7%, más lo que el supervisor exige adicionalmente de acuerdo con el perfil de riesgo de cada entidad en el marco del Pilar II) y lo que marcan los grandes bancos de la eurozona. Una combinación poco clara, porque algunas de estas grandes entidades están compitiendo con ventaja respecto a nuestros bancos. Los bancos españoles, por supuesto, alcanzan los mínimos fijados en la regulación y los sobrepasan, pero se quedan por debajo de la media de la zona euro. Este hecho está justificado en el modelo de negocio de la banca española, muy centrado en el crédito minorista, y la manera en que nuestros bancos están diversificados internacionalmente. Estos dos aspectos justifican en buena medida una densidad de activos más elevada que, junto a las deducciones de los fondos de comercio, impactan negativamente en las ratios de capital. Como contrapartida, nuestros bancos tienen mejores ratios de apalancamiento, mayores tasas de rentabilidad y de eficiencia y mayor recurrencia y estabilidad en los resultados que otros bancos europeos.

A pesar de ello, lo cierto es que la actual regulación prudencial no reconoce el valor del modelo de negocio de los bancos españoles y cabría apuntar que la supervisión tampoco. Las pruebas de esfuerzo llevada a cabo por el Banco Central Europeo (BCE) y la Autoridad Bancaria Europea (EBA) en 2018 revelan la gran resiliencia de nuestras entidades, pues son capaces de generar márgenes de manera recurrente en circunstancias adversas del ciclo y registrar así un menor impacto tanto en términos de solvencia estática como dinámica. La propia experiencia de la crisis ha confirmado que el modelo de diversificación internacional de los grandes bancos españoles permite afrontar una crisis mundial tan dura como la vivida sin un solo trimestre de pérdidas. Sin embargo, estos mejores resultados de la banca española no se trasladan de manera fiel en términos de requerimientos supervisores, como cabría esperar del marco del pilar II, y la resiliencia de nuestros bancos no recibe el reconocimiento esperado en términos de requerimientos de capital.

En resumen, el modelo de negocio de los bancos españoles es más resistente que el de otras entidades, centradas en la banca de inversión, con negocios más volátiles, pero que permiten mejorar sus ratios de solvencia puesto que una gran masa de su negocio está fuera de balance. En definitiva, creo que sería interesante que los supervisores tuvieran el valor de tratar distintos modelos de banca de una manera diferente a la hora de exigir capital, para lo que disponen de la discrecionalidad que ofrece el Pilar II. Qué duda cabe que ello supondría un incentivo a los modelos de negocio más estables frente a los más arriesgados, justo lo contrario de lo que ocurre ahora. Y, más importante aún, un cambio de criterio en este sentido implicaría un incremento del crédito hacia la economía productiva, precisamente por parte de aquellos bancos que están financiando a empresas, emprendedores y familias.

Y esto me ofrece la posibilidad de pasar al segundo punto sobre el posible conflicto en los objetivos de las políticas llevadas a cabo por el Banco Central Europeo (BCE) en su doble vertiente de máximo ejecutor de la política monetaria y como supervisor prudencial de las entidades de crédito. En su primera condición, el BCE aplica una política de tipos de interés bajos, incluso negativos, con el objetivo de incentivar el suministro de crédito. Con tipos bajos, aumenta la demanda de crédito de consumidores y empresas, empujando a los bancos a prestar más. Pero esa misma institución envía un mensaje restrictivo al requerir ratios de capital muy elevadas, constriñendo así las posibilidades de que las entidades incrementen el flujo de crédito hacia la economía real. Esta estrategia de “push and pull” simultáneo no solo desconcierta a las entidades de crédito, sino que restringe las posibilidades de financiación de las empresas y familias europeas, que obtienen un 75% de su crédito del sector bancario. O, desde otro ángulo, el bajo nivel en el que el BCE ha situado los tipos de interés está afectando gravemente la generación de resultados de la banca y con ello la posibilidad de incrementar sus ratios de solvencia. El propio BCE reconocía, en su último informe de estabilidad financiera, que la rentabilidad media sobre el capital (ROE) caerá este año por debajo del 6%, una cota desconocida desde 2006, en la que permanecerá como mínimo hasta 2021, si bien este plazo podría alargarse más en vista del reciente anuncio del BCE sobre un aplazamiento de la esperada subida de los tipos de interés de referencia.

Dicho esto, deseo hacer una breve referencia a algo que ustedes ya me han oído en otras ocasiones, pero que no por reiterativo deja de ser importante. Necesitamos un cambio de enfoque, un cambio de “chip” de las autoridades para que dejen de regular en función del tipo de entidad y lo hagan en base a la actividad. Todos sabemos que empresas de origen y naturaleza muy distinta, no sometidas a la regulación bancaria, están desarrollando la misma actividad que los bancos. El arbitraje regulatorio llevado a cabo por la llamada banca en la sombra estuvo en el origen de la crisis financiera internacional del 2007 y ahora puede estar poniendo en riesgo, de nuevo, la estabilidad financiera y también la protección del consumidor financiero. Ahora hay, además, un motivo adicional para reclamar este cambio de “chip” de nuestras autoridades y es que la regulación actual no resiste la innovación tecnológica en la que estamos inmersos. Necesitamos normas flexibles que alienten o al menos no obstaculicen la innovación financiera en este campo. Fundamentalmente, precisamos que los nuevos jugadores procedentes del sector tecnológico que se están adentrando en la actividad financiera lo hagan con las mismas reglas de juego y el mismo nivel de exigencia que se requiere a los bancos. A pesar de la sensatez de esta reclamación, poco o nada se está avanzado en este terreno. Seguimos sujetos a una competencia, si no desleal, sí desigual, pues no hay reciprocidad de obligaciones y derechos, como ocurre en la cuestión del acceso a los datos de los clientes.

Por último, es urgente acometer una revisión en profundidad del conjunto de la regulación para conocer y así eliminar sus efectos indeseados y, sobre todo, para simplificar esa maraña legislativa que impone costes brutales a las entidades, y que es de difícil o imposible cumplimiento. Me pregunto todavía si hay alguien que se haya leído las 1.887 páginas del acuerdo de Basilea III o las más de 5.000 de MIFID II. Cuando uno haya acabado de leer su última página, pueden haber entrado ya en vigor Basilea IV o MIFID III. Cuchufletas aparte, esta necesidad de simplificar la regulación ha sido reconocida por las propias autoridades, como es el caso de la Junta de Riesgo Sistémico que solicitó a un Comité Científico Consultivo una revisión de lo regulado después de la crisis. Este Comité ha publicado recientemente las conclusiones de su trabajo, entre las que destaca el llamamiento para ir hacia una legislación robusta y eficiente desde el punto de vista de los costes y también adaptable para que no se convierta en un obstáculo para la innovación, que sea capaz de dar cabida a la diversidad de instituciones financieras y modelos de negocio que existe, que sea proporcional en costes y en burocracia al problema que se pretende combatir y que garantice que las entidades fallidas puedan salir del sistema sin amenazar la estabilidad de todo el conjunto.

No quiero cerrar esta intervención sin dejar de señalar que los bancos españoles, como los del resto del mundo, están sometidos a grandes presiones y retos de todo género y condición, tales como el incremento de la rentabilidad, la adaptación a un marco regulatorio crecientemente exigente, el reforzamiento de los niveles de capital y los desafíos derivados de la transición hacia una economía más sostenible y con una mayor presencia de las nuevas tecnologías. A pesar de la dificultad de este entorno, podemos decir que, hoy por hoy, tenemos un sistema bancario solvente, eficiente y que cumple plenamente su papel como financiador de la economía. Más aún, un sector que encabeza el ranking de bancos europeos en aspectos tan vitales como la liquidez, la eficiencia y la rentabilidad. En resumen, los bancos españoles son hoy en día un elemento de fortaleza de nuestra economía de primer orden que debemos conservar y mejorar si queremos navegar con éxito los inciertos tiempos que se aproximan. Es responsabilidad de una sociedad sana reconocer el papel fundamental de la banca como agente creador de oportunidades y motor hacia una economía más justa y sostenible en el tiempo.

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