Las autoridades públicas se han propuesto utilizar al sector financiero, al igual que lo hicieron en el pasado con la lucha contra el blanqueo de capitales, como instrumento para llevar a cabo la transición energética hacia modelos económicos respetuosos con el medio ambiente

Estoy convencido de que las finanzas sostenibles, lejos de ser una moda pasajera, algo meramente reputacional, se han convertido en el catalizador de un cambio sin precedentes en los modelos de crecimiento económico, que tendrá consecuencias de calado a medio plazo para el sector bancario, para sus clientes y acreedores, y para la sociedad en su conjunto.

Las finanzas sostenibles se han convertido en muy poco tiempo en un asunto clave para nuestros bancos, principalmente porque las autoridades públicas se han propuesto utilizar al sector financiero, al igual que lo hicieron en el pasado con la lucha contra el blanqueo de capitales, como instrumento para llevar a cabo la transición energética hacia modelos económicos y financieros menos intensos en carbono y más respetuosos con el medio ambiente. Se trata de lograr una transición ordenada y paulatina —que preserve la estabilidad financiera— desde el modelo económico vigente hoy a otro en el que la emisión de gases de efecto invernadero sea menor, todo ello en un horizonte temporal amplio, pero no eterno, y que tiende a acelerarse. En este objetivo coinciden todos —Gobiernos e instituciones supranacionales— y también en que la mejor palanca para promover ese cambio gradual, y casi la única efectiva, es el sector financiero, lo que incluye a bancos y mercados.

Las autoridades internacionales —tanto europeas, Comisión y Parlamento, como mundiales, Naciones Unidas y Consejo de Estabilidad Financiera o FSB—han apostado por la banca como agente de este cambio y han decidido también pasar a la acción y acelerar este proceso. De hecho, la Comisión Europea (CE) se ha propuesto llevar a cabo su Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles en el periodo 2018-2020; esto es, en tan solo dos años. La Comisión calcula que será necesario invertir 180.000 millones de euros anuales para alcanzar en la Unión Europea (UE) los objetivos marcados en el Acuerdo de París, por lo que las medidas recogidas en su plan buscan, ante todo, crear un entorno favorable para que los inversores privados colaboren en ese notable esfuerzo inversor.

Entre las propuestas planteadas por la CE a corto plazo destaca la taxonomía o clasificación oficial de actividades sostenibles, que serán introducidas progresivamente en las normas de la UE. Esto permitirá aclarar qué es sostenible y qué no lo es, y ofrecerá un lenguaje común a todos los actores. Esta taxonomía es importante para el sector bancario, en particular, porque de acuerdo con esa clasificación se desea introducir el factor de sostenibilidad en los requisitos de capital de los bancos y porque fijará los criterios que servirán para medir y comparar los riesgos financieros vinculados al cambio climático. Además, contribuirá de forma decisiva a desarrollar el todavía incipiente mercado de bonos verdes que precisa de cierta estandarización, cuestión ésta sometida a polémica. Por una parte, los operadores de mercado temen que la intervención de las autoridades públicas en la definición de un mercado tan inmaduro pueda dar al traste con la emergencia de forma espontánea de las mejores prácticas en este terreno. Por otra, las autoridades son conscientes de la necesidad de introducir un lenguaje común —hoy por hoy ausente— y unos requisitos de transparencia que, lejos de acogotar un mercado incipiente, favorezcan su desarrollo.

En cualquier caso, y precisamente por tratarse de un mercado todavía inmaduro, es vital que las autoridades entiendan que esa intervención inicial a la hora de establecer estándares debe ser compatible con una cierta flexibilidad para adaptarse a un mercado cambiante que irá ganando en madurez. En éste como en tantos otros campos, el diálogo entre el sector público y el privado resultará fundamental para garantizar un correcto desarrollo del mercado. A nadie se le oculta que tanto las oportunidades que ofrecerá este mercado verde para acceder a fondos en mejores condiciones como la ocasión de servir de canal a las cuantiosas inversiones que se requerirán para llevar a cabo la transición energética —o incluso la posibilidad de mejorar los ratios de capital regulatorio— representan todas ellas una incuestionable oportunidad de negocio para las entidades bancarias, que ya han comenzado a posicionarse para competir en este mundo de las finanzas verdes.

En el ámbito de los requisitos de capital se presenta la oportunidad, tampoco exenta de polémica, de utilizar factores de apoyo y penalización, los llamados green and brown factors, que, en mi opinión, son plenamente consistentes con una óptica pura de gestión de riesgos prudenciales. En la medida en que el sector financiero se constituye en la palanca que las autoridades van a utilizar para apoyar ese cambio hacia modelos de crecimiento sostenible, tiene sentido que se utilice un sistema de incentivos, de bonus y malus, para lograr precisamente una transición gradual que evite los potenciales riesgos para la estabilidad financiera.

Esa transición va a tener un impacto sobre todos los sectores económicos. En función de la velocidad de ésta, sobre todo, si se produce de forma más rápida de lo esperado, sectores enteros de la economía pueden ver comprometida su viabilidad por la potencial incompatibilidad entre los requisitos de rentabilidad a corto plazo con los del medio plazo. Por ello, debemos evitar una transición súbita, un cliff effect, que desencadene pérdidas financieras que afecten al sistema financiero y a su estabilidad. ¿Qué sector es instrumental para garantizar una transición que preserve la estabilidad financiera? Una vez más, es el sector financiero, pues a través de sus decisiones de financiación, de sus condiciones de volúmenes y precio, puede ir acompasando el ritmo de cambio, al enviar señales a los agentes sobre las políticas inversoras favorecidas, y aquellas que se verán crecientemente penalizadas. Y en la medida en que los incentivos estén alineados entre los Gobiernos, los supervisores y los operadores financieros, se asegurará una transición que preserve la estabilidad financiera.

Como se puede observar, a nuestros bancos les toca desempeñar un papel clave en este proceso de cambio hacia un nuevo paradigma económico y financiero, y al tiempo tienen que convencer a sus clientes y accionistas de su compromiso profundo con los valores asociados a un desarrollo económico, sostenible e inclusivo y de que esos valores son compatibles con la rentabilidad a medio plazo de sus empresas.

José María Roldán, presidente de la Asociación Española de Banca

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