La menor tensión en los mercados financieros y la mejora de la actividad permiten una retirada gradual de las excepcionales medidas monetarias y presupuestarias destinadas a combatir la crisis. Este repliegue debe llevarse a cabo en el tiempo y con la intensidad oportunos a fin de evitar una recaída de la actividad o el desarrollo de nuevas presiones en el sistema financiero. La cuestión básica es determinar si la demanda privada será capaz de tomar el relevo y consolidar la recuperación en curso. El deterioro de las cuentas públicas, el desequilibrio entre los flujos internacionales de financiación y las disparidades latentes en el mercado de cambios son motivos adicionales de inquietud.

En los mercados financieros han disminuido las primas de riesgo, se han estrechado los diferenciales de interés, se ha reducido la volatilidad y se han reactivado los mercados de emisiones. No obstante, la situación dista de haberse normalizado. La reciente ampliación de los spreads de la deu-da soberana (Grecia), el rescate de la deuda de Dubai World y la nacionalización de una importante entidad austríaca (Hypo Alpe) son indicativas al respecto.

En España, los principales indicadores avalan que lo peor de la crisis ha quedado atrás. La destrucción de empleo y el mayor ritmo de aumento del déficit público son dos elementos que nos diferencian, negativamente, de la Eurozona. Por otro lado, se están corrigiendo algunos de los desequilibrios previamente acumulados como el diferencial de inflación con la Eurozona, el déficit exterior, el endeudamiento del sector privado y el ajuste en el sector de la vivienda.

Tras seis trimestres consecutivos de caída, la economía española podría recuperar una tasa positiva de crecimiento a principios del próximo ejercicio o incluso a finales del presente. Aun así, difícilmente podrá crearse empleo neto hasta ya avanzado 2010 y reducir el paro algo más tarde. En todo caso, lo realmente relevante es la intensidad y la sostenibilidad a largo plazo del crecimiento. A tal fin, es necesario respaldar las medidas de impulso a la demanda con reformas estructurales destinadas a ampliar el uso y la eficiencia de los factores de producción. La Ley de Economía Sostenible se inscribe en esta línea y debe valorarse positivamente, pero aún deben adoptarse las medidas pertinentes para implementarla. Además, quedan por definir las reformas en los ámbitos laboral y fiscal que la complementen ya que, si se supeditan indefinidamente al consenso, corren el riesgo de llegar demasiado tarde o ser insuficientes.